Las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde se ejerce violencia política contra las mujeres en razón de género y, al mismo tiempo, en uno de los terrenos más difíciles para que las autoridades reaccionen con rapidez.
En septiembre, durante una sesión del Consejo General, el INE señaló que redes sociales y medios de comunicación aparecen de manera recurrente como vías para ejercer este tipo de violencia. En ese mismo informe se reportaron 14 quejas: ocho fueron registradas como procedimientos especiales, cuatro como cuadernos de antecedentes y dos se remitieron a otras autoridades competentes.
El INE puede ordenar medidas, pero no toda crítica es violencia
La diferencia jurídica importa. El propio INE ha insistido en que no toda confrontación política, crítica o expresión dura constituye violencia política de género. Para que una conducta entre en esa categoría deben existir elementos vinculados con el género y con el ejercicio de derechos político-electorales.
La consecuencia digital es inmediata: una publicación puede alcanzar a miles de personas antes de que una autoridad decida si corresponde retirarla.
Un ejemplo ocurrió el 25 de septiembre, cuando la Comisión de Quejas y Denuncias analizó solicitudes relacionadas con publicaciones en redes sociales. Ordenó retirar cinco contenidos que, de manera preliminar, podían constituir violencia psicológica, simbólica y digital.
El problema no se limita a expedientes individuales. Un estudio del INE sobre elecciones locales en Durango y Veracruz encontró que la violencia mediática y digital tuvo una presencia relevante durante el proceso 2024-2025.

La disputa ahora también es por la velocidad
El poder institucional está repartido entre distintas autoridades electorales y jurisdiccionales. El INE puede recibir quejas, investigar determinados casos y dictar medidas cautelares cuando procede, pero no todos los asuntos son de su competencia ni todas las decisiones son definitivas.
Por eso el reto ya no es únicamente sancionar después. La estrategia del INE para el periodo 2026-2031 plantea prevención, atención integral y seguimiento institucional.
La consecuencia es política y no sólo digital. Cuando las agresiones buscan desalentar, desacreditar o castigar la presencia pública de una mujer, el efecto puede extenderse a su participación y a la disposición de otras mujeres para entrar en espacios de poder.