En medio de apagones constantes, escasez de alimentos y una economía que atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas, el gobierno de Cuba prepara un movimiento que podría alterar su relación histórica con los millones de cubanos que viven fuera del país.
La administración encabezada por Miguel Díaz-Canel planea anunciar medidas que permitirían a ciudadanos cubanos residentes en el extranjero invertir directamente en la isla e incluso convertirse en propietarios de negocios locales. La propuesta, adelantada por el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga, también abriría la puerta a capital extranjero interesado en participar en sectores clave como infraestructura y servicios.
La decisión llega en un momento crítico. En los últimos meses, el deterioro del sistema energético ha provocado apagones frecuentes en distintas regiones del país. Hospitales han tenido que reprogramar operaciones y la falta de combustible ha paralizado parte de la actividad económica. La situación se agravó después de que presiones desde Estados Unidos complicaran el suministro de petróleo procedente de aliados de La Habana, entre ellos Venezuela.
Ante ese escenario, el gobierno cubano parece apostar por una fórmula pragmática: atraer capital sin desmontar el control político del sistema. Durante décadas, la relación entre el Estado y la diáspora estuvo marcada por la desconfianza ideológica. Ahora, sin embargo, La Habana empieza a reconocer que los millones de cubanos que emigraron en los últimos años pueden convertirse en un motor económico indispensable.
En su discurso más reciente, Díaz-Canel admitió que el país tiene la responsabilidad de integrar a quienes se marcharon y permitirles participar en el desarrollo económico nacional. En la práctica, eso podría traducirse en la posibilidad de que cubanos radicados en el extranjero abran pequeñas y medianas empresas dentro de la isla, una figura legal que comenzó a expandirse tras las reformas económicas de 2021.
Nicolás Maduro fue traído a Nueva York en enero. | Vincent Alban/The New York Times
Sin embargo, cualquier apertura tiene un límite evidente: el embargo económico impuesto por Washington. Sin cambios en ese frente, atraer inversión estadounidense seguirá siendo un proceso complejo y lleno de restricciones.
En el entorno político de Donald Trump, algunos funcionarios observan con cautela el posible anuncio. La postura dominante en Washington es esperar a comprobar si las medidas representan una reforma económica real o simplemente ajustes limitados para aliviar la presión interna.
Para muchos miembros de la diáspora, el movimiento podría abrir una vía inédita de influencia. Si se materializa, la inversión de cubanos en el extranjero podría convertirse no solo en una fuente de capital, sino también en un puente político entre La Habana y Washington.
El dilema para el gobierno cubano es evidente: necesita inversión urgente para estabilizar su economía, pero sin ceder el control político que ha definido al sistema durante más de seis décadas.
